El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma histórica al artículo 162
de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable
del Estado, eliminando la obligación de justificar las solicitudes de información
ambiental. A partir de esta modificación, cualquier persona podrá solicitar
información ambiental simplemente por escrito, sin necesidad de motivar su
petición, lo que representa un avance concreto en materia de transparencia,
derechos ambientales y participación ciudadana.
La reforma fue presentada por la Diputada Esther Martínez Romano, integrante
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, y recibió el respaldo de diputadas
y diputados de distintas fuerzas políticas. Con esta medida, Puebla armoniza su
legislación estatal con el Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado por
México y ratificado en 2020, que promueve el acceso libre, equitativo y sin
barreras a la información ambiental.
“Este avance no solo fortalece la transparencia, sino que coloca a Puebla a la
vanguardia en el reconocimiento de los derechos ambientales de la
ciudadanía”, afirmó la diputada. “Facilita el acceso a información clave para
defender un entorno sano y protege especialmente a pueblos y comunidades
históricamente vulneradas.”
Con la reforma, se elimina uno de los principales obstáculos burocráticos que
enfrentaban personas, colectivos y comunidades interesadas con un enfoque
de inclusión para todas las personas, especialmente aquellas en situación de
vulnerabilidad, particularmente a los pueblos y comunidades indígenas que
históricamente han sido violentados en sus derechos ambientales, por ejemplo:
Estudios de impacto ambiental de obras o empresas; permisos de operación
otorgados por autoridades; calidad del agua que distribuyen los municipios;
niveles de contaminación en ríos, presas y cuerpos de agua.
La diputada Martínez Romano subrayó que este cambio beneficiará de forma
directa a organizaciones ambientalistas, defensoras y defensores de derechos
humanos, así como a comunidades indígenas y rurales, quienes ahora
contarán con herramientas más accesibles para exigir información y participar
activamente en la toma de decisiones que afectan su territorio.
El Acuerdo de Escazú, primer tratado internacional que protege a personas
defensoras del medio ambiente, establece con claridad que el acceso a la
información ambiental no debe estar condicionado por motivos, justificaciones
o intereses del solicitante. Con esta reforma, Puebla se convierte en una de las
primeras entidades del país en cumplir plenamente con dicho mandato.
“La democracia ambiental comienza por el derecho a saber. Hoy damos un
paso firme hacia un modelo de gobernanza más abierto, justo e incluyente”,
concluyó la legisladora.