Inhabilitan por 10 años a Guadalupe Daniel, exalcaldesa de Cuautlancingo; le imponen multa de 7.6 mdp

La expresidenta municipal de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, enfrenta una sanción de diez años de inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Asimismo de una multa económica reportada por 7.6 millones de pesos, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla determinara su responsabilidad en una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos.

De acuerdo con la información del expediente 85/2024-PRA-SERA-2, la resolución de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas establece que Daniel Hernández incurrió en irregularidades relacionadas con su desempeño como presidenta municipal de Cuautlancingo.

El resolutivo segundo contempla la inhabilitación por una década, mientras que la sanción económica asciende a 7.6 millones de pesos. Esta determinación coloca a la exalcaldesa ante un nuevo escenario político y administrativo.

La resolución se conoce después de que María Guadalupe Daniel Hernández manifestara su intención de participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal del partido en Cuautlancingo, con miras a posicionarse rumbo a las elecciones de 2027.

En ese mismo proceso también se registró Alberto Vázquez, identificado en el ámbito político local como yerno de la exalcaldesa y pareja sentimental de la regidora Ana Laura Papaqui Hernández.

El panorama también involucra a Papaqui Hernández y a la regidora de Movimiento Ciudadano, Evelyn Camela, quienes han mantenido una postura crítica frente a la administración municipal encabezada por Omar Muñoz Alfaro.

La resolución abre interrogantes sobre su futuro político

Las diferencias entre integrantes del Cabildo y el gobierno municipal han marcado parte de la actividad política de Cuautlancingo, en un contexto de definiciones rumbo a 2027.

Ahora, la sanción administrativa contra Daniel Hernández incorpora un nuevo elemento a ese escenario, pues su inhabilitación restringe su posibilidad de ocupar cargos en el servicio público durante el periodo establecido por el Tribunal.

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El caso también pone atención en los criterios que Morena deberá considerar para definir a sus representantes municipales y en las consecuencias administrativas que enfrentan quienes ocuparon cargos públicos.

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